Presidente nombra Director CEA, Gobernador SPM y a un Embajador
ingeniero Pedro César Mota Pacheco director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Al momento de su designación Mota Pacheco era gobernador de San Pedro de MacorÃs. En lugar suyo el mandatario nombró a Luis Miguel Piccirillo Mccabe.
También, Gerardo Cesar Ramón Pina Toribio fue designado designado embajador representante permanente de la República Dominicana ante los siguientes organismos de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra Suiza: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONACNUDH), Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas Para los Refugiados (ACNUR); Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa Conjunto de las Naciones Unidas Sobre el Sida (ONUSIDA), Organización Meteorológica Mundial (OMM), Instituto de las Naciones Unidas de Investigación Sobre Desarme y la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas.
Los nombramientos de Mota Pacheco y Piccirillo Mccabe se produce en momentos menos de 48 horas después de que una comisión oficial designada por el Jefe del Estado detectara que en los últimos tiempos hubo manejo doloso en la venta de terrenos de CEA).
Según este grupo, ello causó “ira y frustración” y una “enorme desesperación” en el atacante de dos locutores asesinados en una emisora el pasado 14 de febrero
El consultor jurÃdico del Poder Ejecutivo, Flavio DarÃo Espinal, titular de la comisión, dijo en rueda de prensa que los locutores asesinados no estaban relacionados con los terrenos que RodrÃguez adquirió del CEA, organismo del que recomendaron su reestructuración total.
El funcionario anunció que la comisión recomendarÃa al presidente Medina que una “nueva dirección del CEA emprenda profundos cambios para superar las debilidades gerenciales, financieras y administrativas crónicas que afectan ese organismo”. Además, que ésta apoye los trabajos de otra comisión creada el año pasado por Medina, encargada de investigar y auditar todo el proceso de venta y arrendamiento de terrenos propiedad de esa institución estatal.
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