Condenan a implicados en red que explotaba sexualmente a extranjeras en Casa Blanca Night Club
La condena mayor de 20 años recae en Juan Antonio Fernández Fernández. La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Santiago Público establecieron que durante el allanamiento al Night Club Casa Blanca, el sentenciado fue encontrado explotando sexualmente a unas 45 mujeres colombianas y venezolanas el 6 de mayo de 2016.
Fernández Fernández deberá pagar, además, una multa de 175 salarios mínimos y una indemnización de RD$ 14 millones en favor de dos de las víctimas.
Mientras, Jolvert José Ramírez y Jairo Rafael Correa deberán cumplir penas de 7 años de cárcel, así como el pago de 75 salarios mínimos.
De acuerdo a una nota institucional, el grupo delictivo recibió sentencia por haber «subsumido» su conducta en la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y otras Sustancias Controladas y otras Infracciones graves, así como la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
El Ministerio Público dijo que presentó en las audiencias pruebas de diferentes naturalezas que le permitieron probar que “los miembros de la desarticulada organización criminal se dedicaban a captar, transportar, trasladar, receptar y acoger a mujeres en extremadas condiciones de vulnerabilidad de países como Colombia y Venezuela”.
Las mujeres eran explotadas sexualmente, además, de ser sometidas a condiciones de coacción y amenazas, afectando la dignidad de estas víctimas, para lucrarse con su explotación.
Al dictar la sentencia, el tribunal, integrado por los jueces Osvaldo Castillo (presidente), Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, enfatizó la gravedad de la trata de personas y la importancia de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas de este delito.
Por el Ministerio Público litigaron el proceso Juan Medina de los Santos (procurador adjunto), la fiscal Marinel Brea Tejeda y Madeline Nuñez Imbert, del Departamento de Asistencia a Víctimas de Trata de la Procuraduría Especializada que persigue este delito.
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